miércoles, 20 de julio de 2011
tlc
nosotros los colombianos nos vemos afectados ya que las empres de aqui no tienen como competir con las grandes multiacionales estrageras ya que como no se les cobran impuestos pueden vender sus productos mas varatos comparados con los productos colombianos que ya que tienen que pagar gastos como impuestos mano de obra materiales y demas entonces sus productos son mas costosos y la gente preferira los productos estrangeros, yevando asi las empresas colombianas a la quiebra.
tlc
El tema vuelve a instalarse en la agenda tres semanas después de que la oposición republicana amenazara con bloquear la designación del nuevo secretario de Comercio, si Obama no enviaba al Congreso para su ratificación a este acuerdo y los que se suscribieron con Panamá y Corea del Sur.
Con el encuentro de este jueves, el TLC con Colombia parece cobrar un nuevo impulso. Sin embargo, como requisito previo a la aprobación definitiva, el gobierno de Santos tiene que adoptar una serie de medidas que Estados Unidos considera necesarias para garantizar los derechos laborales en su país.
Según se informó oficialmente desde la Casa Blanca, los compromisos que debe cumplir Bogotá están contenidos en un "Plan de Acción" acordado entre ambos gobiernos.
Garantías de reformas legales
El documento en cuestión establece pasos y plazos para su concreción.
El 22 de abril, el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados.
EXIGENCIAS
Expandir la protección de los líderes y activistas sindicales.
Cumplir con la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas en no más de 30 días.
Penalizar las amenazas a sindicalistas con más de cinco años de prisión.
Para el 30 de julio tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días.
El 15 de junio, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas.
En este caso la pena debe ser de más de cinco años de prisión.
Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que su utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años.
El gobierno colombiano ha insistido repetidamente que, con o sin TLC, está trabajando con efectividad para proteger los derechos de los trabajadores en ese país.
Rechazo de los sindicatos
El TLC fue firmado en 2006 por los entonces presidentes George W. Bush y Álvaro Uribe, pero se frustró la ratificación en el Congreso estadounidense en 2007, entre otras cosas a raíz de las objeciones interpuestas por el sindicato de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL- CIO, por sus siglas en inglés).
Esa organización, con llegada directa a la mayoría demócrata que entonces controlaba ambas cámaras, cuestionó con dureza los asesinatos de sindicalistas perpetrados en el país latinoamericano.
"Va en camino de ser aprobado este año. Iba a ser muy difícil, con los republicanos presionando y con un tratado firmado con Corea del Sur, ignorar un tratado con América Latina"
Peter Hakim, Diálogo Interamericano
Sobre ese punto desde la Casa Blanca se informó que esa es una de las "preocupaciones" de Obama, pero admiten que hubo avances en ese terreno.
En ese sentido citan cifras de Naciones Unidas que muestran que la cantidad de homicidios de gremialistas cayó de 194 en 2001 a 51 en 2010.
El contenido del nuevo acuerdo alcanzado entre las administraciones de Santos y Obama en materia de derechos laborales, fue igualmente criticado desde la AFL-CIO.
A través de un comunicado, el presidente de esa organización, Richard Trumka, expresó que el Plan de Acción "no va lo suficientemente lejos para establecer hitos concretos para el progreso en las áreas de violencia e impunidad, ni tampoco enfrenta muchas de las formas en que la ley laboral colombiana incumple los estándares internacionales".
"Va en camino"
Peter Hakim, analista del centro de estudios Diálogo Interamericano, con base en Washington, cree que hay posibilidades de que el tratado prospere.
"Va en camino de ser aprobado este año. Iba a ser muy difícil, con los republicanos presionando y con un tratado firmado con Corea del Sur, ignorar un tratado con América Latina", dice en diálogo con BBC Mundo.
Haikim cree que la presión de los sindicatos estadounidenses no será relevante esta vez y en ese sentido asegura que "tienen otros problemas, ya que están concentrados en el conflicto de Wisconsin y en la avanzada contra los sindicatos públicos en Ohio".
Además de ser un aliado clave en Sudamérica, Colombia representa el tercer destino de las exportaciones estadounidenses en Latinoamérica y ocupa el vigésimo puesto a nivel global. Las autoridades de Washington estiman que el TLC incrementará las ventas hacia ese país en US$1.100 millones anuales.
Con el encuentro de este jueves, el TLC con Colombia parece cobrar un nuevo impulso. Sin embargo, como requisito previo a la aprobación definitiva, el gobierno de Santos tiene que adoptar una serie de medidas que Estados Unidos considera necesarias para garantizar los derechos laborales en su país.
Según se informó oficialmente desde la Casa Blanca, los compromisos que debe cumplir Bogotá están contenidos en un "Plan de Acción" acordado entre ambos gobiernos.
Garantías de reformas legales
El documento en cuestión establece pasos y plazos para su concreción.
El 22 de abril, el gobierno colombiano deberá expandir el ámbito de protección de los líderes sindicales, tanto de delegados como de los miembros de las comisiones de negociación colectiva, de quienes tratan de organizarse o afiliarse a un gremio, así como ex activistas que fueron amenazados.
EXIGENCIAS
Expandir la protección de los líderes y activistas sindicales.
Cumplir con la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas en no más de 30 días.
Penalizar las amenazas a sindicalistas con más de cinco años de prisión.
Para el 30 de julio tendrá que estar solucionado el atraso existente en la evaluación de las solicitudes de protección presentadas por sindicalistas y asegurar que, en el futuro, la policía realizará esa tarea en no más de 30 días.
El 15 de junio, el gobierno de Colombia deberá promulgar una reforma del Código Penal que criminalice y condene acciones intimidatorias que puedan afectar derechos fundamentales de los trabajadores, incluidas las amenazas contra los sindicatos y otras acciones que afecten los derechos de organizarse y de encarar negociaciones colectivas.
En este caso la pena debe ser de más de cinco años de prisión.
Colombia deberá cumplir además con otras exigencias en ese ámbito, como reformas legislativas que impidan que su utilicen formas de asociación cooperativa o agencias de empleo temporal para violar los derechos de los trabajadores, así como duplicar el número de inspectores laborales en cuatro años.
El gobierno colombiano ha insistido repetidamente que, con o sin TLC, está trabajando con efectividad para proteger los derechos de los trabajadores en ese país.
Rechazo de los sindicatos
El TLC fue firmado en 2006 por los entonces presidentes George W. Bush y Álvaro Uribe, pero se frustró la ratificación en el Congreso estadounidense en 2007, entre otras cosas a raíz de las objeciones interpuestas por el sindicato de la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL- CIO, por sus siglas en inglés).
Esa organización, con llegada directa a la mayoría demócrata que entonces controlaba ambas cámaras, cuestionó con dureza los asesinatos de sindicalistas perpetrados en el país latinoamericano.
"Va en camino de ser aprobado este año. Iba a ser muy difícil, con los republicanos presionando y con un tratado firmado con Corea del Sur, ignorar un tratado con América Latina"
Peter Hakim, Diálogo Interamericano
Sobre ese punto desde la Casa Blanca se informó que esa es una de las "preocupaciones" de Obama, pero admiten que hubo avances en ese terreno.
En ese sentido citan cifras de Naciones Unidas que muestran que la cantidad de homicidios de gremialistas cayó de 194 en 2001 a 51 en 2010.
El contenido del nuevo acuerdo alcanzado entre las administraciones de Santos y Obama en materia de derechos laborales, fue igualmente criticado desde la AFL-CIO.
A través de un comunicado, el presidente de esa organización, Richard Trumka, expresó que el Plan de Acción "no va lo suficientemente lejos para establecer hitos concretos para el progreso en las áreas de violencia e impunidad, ni tampoco enfrenta muchas de las formas en que la ley laboral colombiana incumple los estándares internacionales".
"Va en camino"
Peter Hakim, analista del centro de estudios Diálogo Interamericano, con base en Washington, cree que hay posibilidades de que el tratado prospere.
"Va en camino de ser aprobado este año. Iba a ser muy difícil, con los republicanos presionando y con un tratado firmado con Corea del Sur, ignorar un tratado con América Latina", dice en diálogo con BBC Mundo.
Haikim cree que la presión de los sindicatos estadounidenses no será relevante esta vez y en ese sentido asegura que "tienen otros problemas, ya que están concentrados en el conflicto de Wisconsin y en la avanzada contra los sindicatos públicos en Ohio".
Además de ser un aliado clave en Sudamérica, Colombia representa el tercer destino de las exportaciones estadounidenses en Latinoamérica y ocupa el vigésimo puesto a nivel global. Las autoridades de Washington estiman que el TLC incrementará las ventas hacia ese país en US$1.100 millones anuales.
ley de victimas
El pasado 1 de Junio de 2011 la Cámara de Representantes Colombiana aprobó una ley histórica, que reconoce el derecho a la reparación de millones de víctimas del conflicto interno que vive el país.
Al texto aprobado y disponible en la web del Senado Colombiano, solamente le falta el visto bueno de en plenaria de ambas Cámaras para pasar a ratificación presidencial y de esta forma entrar en vigor. La velocidad de los acontecimientos se debe a que el presidente Juan Manuel Santos quiere que sea sancionada antes de la visita del secretario general de la ONU Ban Ki-moon , que estará en Colombia del 10 al 12 de junio.
Esta Ley viene a reconocer a las víctimas de un conflicto inexistente para el ex -presidente Uribe durante sus 8 años de mandato, periodo donde su política estrella fue la llamada seguridad democrática que en el ámbito de los civiles ha sido evidentemente un fracaso ya que la confrontación continuó generando: desaparecidos, desplazados, refugiados…
En los últimos 20, y a pesar de no existir consenso con respecto a los métodos de medición, se registran al menos 4 millones de desplazados, 53.016 asesinatos políticos, 35.449 secuestros y 5.098 desapariciones forzadas. Pero esto no son solamente cifras, detrás de cada una de ellas hay personas y sufrimiento humano, mucho dolor causado por un conflicto que se ha degenerado cada vez más, donde las mujeres y su dignidad son un arma de guerra, donde los paramilitares al reinsertarse deponen las armas pero no las motosierras, donde han pasado y siguen pasando cosas que desearía que fuesen imposibles de concebir en la mente humana, pero que lamentablemente ocurren.
Esta Ley que no es del gusto de todos, tiene pros y contras, pero es un avance frente a la ocultación de las consecuencias humanas de la guerra interna irregular y eterna que sufre Colombia. Una Ley que recoge entre otros aspectos:
>> La restitución de tierras a las personas desplazadas y despojadas de sus de las mismas a causa del conflicto.
>> Establece que la reparación será material, pero también moral, reconociendo y visibilizando situaciones de una realidad que ha estado silenciada tanto por el gobierno como por la población urbana del país.
Por su parte, las voces críticas, entre las que se cuentan la Corporación Jurídica Libertad, tal y como pone de manifiesto en su nota No todo es bueno en la aprobada Ley de Víctimas , señalan que la norma es inadecuada ya que:
>> Excluye a muchas víctimas del conflicto derivada de la determinación de una fecha (1985) como punto de partida temporal para poder solicitar tal reconocimiento. Para un conflicto que se data aproximadamente en la década del 60 del siglo pasado, esto significarían 15 años de impunidad, en materia de derechos humanos y de apropiación indebida de tierras y demás bienes de los desplazados.
>> El texto considera como parte de la reparación el acceso a servicios sociales (como salud o educación) a los cuales un ciudadano colombiano tiene derecho con independencia de su condición de víctima del conflicto. De esta forma se estaría convirtiendo en compensación algo que realmente no lo es.
>> La ley se ha redactado sin un proceso de consulta con las víctimas o las organizaciones que las representan. Lo cual no solamente le resta legitimidad, sino que de acuerdo a la legislación colombiana puede estar violando acuerdos internacionales (en lo referente a las comunidades indígenas y afrodescendientes que sería forzoso de acuerdo al Convenio 169 de la OIT).
Por estas y otras razones hay voces que en Colombia que están afirmando que si la Ley se ratifica en estas condiciones la demandarán frente a la Corte Constitucional.
Al texto aprobado y disponible en la web del Senado Colombiano, solamente le falta el visto bueno de en plenaria de ambas Cámaras para pasar a ratificación presidencial y de esta forma entrar en vigor. La velocidad de los acontecimientos se debe a que el presidente Juan Manuel Santos quiere que sea sancionada antes de la visita del secretario general de la ONU Ban Ki-moon , que estará en Colombia del 10 al 12 de junio.
Esta Ley viene a reconocer a las víctimas de un conflicto inexistente para el ex -presidente Uribe durante sus 8 años de mandato, periodo donde su política estrella fue la llamada seguridad democrática que en el ámbito de los civiles ha sido evidentemente un fracaso ya que la confrontación continuó generando: desaparecidos, desplazados, refugiados…
En los últimos 20, y a pesar de no existir consenso con respecto a los métodos de medición, se registran al menos 4 millones de desplazados, 53.016 asesinatos políticos, 35.449 secuestros y 5.098 desapariciones forzadas. Pero esto no son solamente cifras, detrás de cada una de ellas hay personas y sufrimiento humano, mucho dolor causado por un conflicto que se ha degenerado cada vez más, donde las mujeres y su dignidad son un arma de guerra, donde los paramilitares al reinsertarse deponen las armas pero no las motosierras, donde han pasado y siguen pasando cosas que desearía que fuesen imposibles de concebir en la mente humana, pero que lamentablemente ocurren.
Esta Ley que no es del gusto de todos, tiene pros y contras, pero es un avance frente a la ocultación de las consecuencias humanas de la guerra interna irregular y eterna que sufre Colombia. Una Ley que recoge entre otros aspectos:
>> La restitución de tierras a las personas desplazadas y despojadas de sus de las mismas a causa del conflicto.
>> Establece que la reparación será material, pero también moral, reconociendo y visibilizando situaciones de una realidad que ha estado silenciada tanto por el gobierno como por la población urbana del país.
Por su parte, las voces críticas, entre las que se cuentan la Corporación Jurídica Libertad, tal y como pone de manifiesto en su nota No todo es bueno en la aprobada Ley de Víctimas , señalan que la norma es inadecuada ya que:
>> Excluye a muchas víctimas del conflicto derivada de la determinación de una fecha (1985) como punto de partida temporal para poder solicitar tal reconocimiento. Para un conflicto que se data aproximadamente en la década del 60 del siglo pasado, esto significarían 15 años de impunidad, en materia de derechos humanos y de apropiación indebida de tierras y demás bienes de los desplazados.
>> El texto considera como parte de la reparación el acceso a servicios sociales (como salud o educación) a los cuales un ciudadano colombiano tiene derecho con independencia de su condición de víctima del conflicto. De esta forma se estaría convirtiendo en compensación algo que realmente no lo es.
>> La ley se ha redactado sin un proceso de consulta con las víctimas o las organizaciones que las representan. Lo cual no solamente le resta legitimidad, sino que de acuerdo a la legislación colombiana puede estar violando acuerdos internacionales (en lo referente a las comunidades indígenas y afrodescendientes que sería forzoso de acuerdo al Convenio 169 de la OIT).
Por estas y otras razones hay voces que en Colombia que están afirmando que si la Ley se ratifica en estas condiciones la demandarán frente a la Corte Constitucional.
asecinato de Facundo Cabral
que triste hay se ve que el que no esta deacuerdo con los gobiernos de derecha son sileciados como este hombre, era de los que se dan cuenta como vive la gente del comun en los paises latinoamericanos y como los goviernos estan solo para robar y reprimir al pueblo entoses no les servia y poreso lo mataron, y ya sacaron la cortina de humo el decir era que no era para el el ataque no pues que coincidencia justamente matan a una persona de isquierda, deberian de hacer que esos sicarios hp que no se les puede decir mas digan quien los contrato para aci dar con el autor intelectual y ojala se pudra en la carcel.
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